LA NUEVA LEY DE PATENTES IRAQUÍ: UNA DECLARACIÓN DE GUERRA CONTRA LOS CAMPESINOS

Focus on the Global South/GRAIN http://www.grain.org/articles/?id=7

Cuando el ex administrador de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA, por su sigla en inglés), L. Paul Bremer III, salió de Bagdad después de la llamada "transferencia de la soberanía", en junio de 2004, dejó tras de sí las 100 órdenes que promulgó como jefe de las autoridades de ocupación de Irak. Una de esas órdenes es la Nº 81, relativa a "Patentes, diseño industrial, información no revelada, circuitos integrados y variedades vegetales". Esta orden enmienda la ley original de Irak sobre patentes, de 1970, y a menos que y hasta tanto no sea revisada o anulada por un nuevo gobierno iraquí, tiene la condición y la fuerza de una ley con carácter obligatorio. Con consecuencias importantes para los agricultores y para el futuro de la agricultura de Irak, esta orden es otro componente importante de los intentos de los Estados Unidos por transformar radicalmente la economía de Irak.

¿QUIÉN GANA?

Durante varias generaciones, los pequeños agricultores de Irak actuaron en un sistema de abastecimiento de semillas esencialmente no regulado e informal. La semilla guardada en la granja y la libre innovación con materiales de plantación intercambiados entre las comunidades de agricultores, ha sido desde largo tiempo la base de la práctica agrícola iraquí. Con la nueva ley, esto ahora se ha vuelto ilegal. Las semillas que actualmente se les permite plantar a los agricultores -variedades "protegidas" traídas a Irak por empresas transnacionales en nombre de la reconstrucción agrícola- serán de propiedad de las empresas. Históricamente, la constitución iraquí prohibía la propiedad privada de los recursos biológicos, pero ahora la nueva ley de patentes impuesta por los Estados Unidos introduce un sistema de derechos monopólicos sobre las semillas. Insertado en la anterior ley de patentes de Irak hay un nuevo capítulo sobre Protección de las Variedades Vegetales que estipula la "protección de obtenciones de vegetales". Se trata de un derecho de propiedad intelectual o un tipo de patente para variedades vegetales, que otorga un derecho monopólico exclusivo sobre materiales de plantación, a un fitomejorador que reclame haber descubierto o desarrollado una variedad nueva, u obtención vegetal. Así, la "protección" en la Protección de las Variedades Vegetales no tiene nada que ver con la conservación, sino que se refiere a la protección de los intereses comerciales de mejoradores privados (generalmente grandes empresas) que reclamen haber creado los nuevos vegetales.

Para poder acogerse a la Protección de las Variedades Vegetales, una variedad vegetal debe cumplir con las condiciones establecidas por la Convención de la UPOV, que exige que sea nueva, distinta, uniforme y estable. Las semillas de los agricultores no pueden cumplir esos criterios, con lo cual las semillas protegidas por el sistema de Protección de las Variedades Vegetales son de dominio exclusivo de las empresas. Entre los derechos otorgados a los fitomejoradores dentro de este esquema figura el derecho exclusivo a producir, reproducir, vender, exportar, importar y almacenar las variedades protegidas. Esos derechos se extienden al material cosechado, incluso plantas enteras y partes de plantas obtenidas del uso de una variedad protegida. Este tipo de sistema de Protección de las Variedades Vegetales a menudo constituye el primer paso hacia la posibilidad de la patente total sobre formas de vida. En efecto, en este caso el resto de la ley no descarta las patentes de plantas o animales.

El plazo del monopolio es de 20 años para las variedades de cultivos y 25 para árboles y vides. Durante este tiempo, en los hechos la variedad protegida se convierte en la propiedad del mejorador y nadie puede plantar o utilizar de alguna otra forma esta variedad sin compensar al mejorador. Esta nueva ley significa que los agricultores iraquíes no tienen la libertad de plantar legalmente, ni guardar para replantar, semillas de ninguna de las variedades vegetales registradas conforme a las disposiciones sobre variedades vegetales de la nueva ley de patentes. Esto priva a los agricultores de lo que ellos y muchos otros en todo el mundo reivindican como su derecho inherente a guardar y replantar semillas.

EL CONTROL DE LAS EMPRESAS

La nueva ley es presentada como necesaria para asegurar el suministro de semillas de buena calidad en Irak y para facilitar su ingreso a la OMC. Lo que en realidad hará es facilitar la penetración de la agricultura iraquí por Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow Chemical y similares -las empresas gigantes que controlan el comercio de semillas en todo el planeta. Eliminar la competencia de los agricultores es el requisito previo para que esas compañías inicien sus actividades en Irak, cosa que la nueva ley ha logrado. Su próximo paso es apropiarse del primer eslabón de la cadena alimentaria.

La nueva ley de patentes también promueve explícitamente la comercialización en Irak de semillas modificadas genéticamente. A pesar de la decidida resistencia de agricultores y consumidores de todo el mundo, esas mismas empresas imponen los cultivos modificados genéticamente (transgénicos) a los agricultores de todo el mundo, en beneficio propio. Contrariamente a lo que afirma la industria, las semillas transgénicas no reducen el uso de plaguicidas sino que plantean una amenaza al ambiente y a la salud de la gente, a la vez que aumentan la dependencia de los agricultores con respecto a la agroindustria. En algunos países como India, la liberación "accidental" de cultivos transgénicos se maneja deliberadamente, ya que no es posible que exista un segregación física de cultivos transgénicos y no transgénicos. Una vez que la contaminación genética ha sido introducida en el ciclo agroecológico, no es posible revertirla o erradicarla.

En cuanto al argumento de la OMC, legalmente Irak tiene una serie de opciones para cumplir con las normas de la organización en materia de propiedad intelectual. Pero los Estados Unidos simplemente decidieron que Irak no debería tomarlas o siquiera explorarlas.

TRAS LA FACHADA DE LA RECONSTRUCCIÓN

Irak es un escenario más de la ofensiva mundial para la adopción de leyes de patentes de semillas que protegen los derechos monopólicos de empresas multinacionales a expensas de los agricultores locales. En la última década, a numerosos países del Sur se les ha impuesto la adopción de leyes de patente de semillas a través de tratados bilaterales. Los Estados Unidos han utilizado los acuerdos comerciales bilaterales, como por ejemplo con Sri Lanka y Camboya, para imponer leyes de protección vegetal, al estilo de la UPOV, que van más allá de las normas sobre los derechos de propiedad intelectual (DPI) de la OMC. De igual forma, los países salidos de situaciones de conflicto han sido blanco especial. Por ejemplo, como parte de su programa de reconstrucción, los Estados Unidos han firmado recientemente un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión con Afganistán, que también incluiría cuestiones relacionadas con los DPI.

Irak es un caso especial en que la adopción de la ley de patentes no fue parte de negociaciones entre países soberanos. Tampoco fue promulgada por un organismo legislativo soberano que reflejara la voluntad del pueblo iraquí. En Irak, la ley de patentes es tan solo un componente más de la transformación amplia y radical de la economía del país ocupado, conforme a lineamientos neoliberales, impuesta por las potencias que lo ocupan. Esta transformación implicaría no solamente la adopción de ciertas leyes sino también el establecimiento de instituciones que resultan más favorables a un régimen de libre mercado.

La Orden 81 es tan sólo una de las 100 órdenes dejadas por Bremer, de las cuales una de las que más sobresalen es la controvertida Orden 39, que dicta el marco legal general para la economía iraquí. El referido marco pone a los inversionistas extranjeros en pie de igualdad con los iraquíes en cuanto a los derechos para explotar el mercado interno de Irak. Tomadas en conjunto, todas esas leyes, que abarcan prácticamente todos los aspectos de la economía -incluido el régimen de comercio iraquí, el mandato del Banco Central, las reglamentaciones sobre actividades sindicales, etc. - establecen las bases para el objetivo mayor de los Estados Unidos de construir un régimen neoliberal en Irak. La Orden 81 establece explícitamente que sus disposiciones son compatibles con la "transición de una economía no transparente, planificada centralmente, a una economía de mercado libre, caracterizada por el crecimiento económico sostenible, a través del establecimiento de un sector privado dinámico, y la necesidad de promulgar reformas institucionales y legales que la pongan en efecto". Para impulsar esas "reformas" en Irak, la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID, por su sigla en inglés), de los Estados Unidos, ha aplicado un Programa de Reconstrucción y Desarrollo Agrícola para Irak (ARDI, por su sigla en inglés) desde octubre de 2003. Para llevarlo a cabo, se firmó un contrato de un año por 5 millones de dólares con la empresa consultora estadounidense Development Alternatives, Inc., con la Universidad Texas A&M como socio ejecutor. Parte del trabajo ha sido subcontratado a Sagric International, de Australia. El objetivo del ARDI es, en nombre de la reconstrucción del sector agrícola, optimizar las oportunidades del negocio agrícola y así ofrecer mercados para productos y servicios agrícolas del exterior.

Es así que el trabajo de reconstrucción no se trata necesariamente de reconstruir economías y capacidades nacionales, sino de ayudar a las empresas aprobadas por las fuerzas de ocupación, a aprovechar las oportunidades comerciales existentes en Irak. El marco legal establecido por Bremer asegura que si bien las tropas estadounidenses pueden dejar Irak en un futuro cercano, el dominio de la economía iraquí por parte de los Estados Unidos ha llegado para quedarse.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

La soberanía alimentaria es el derecho de las personas a definir sus propias políticas en materia de alimentación y agricultura, a proteger y regular la producción y el comercio agrícola nacional, a decidir la forma en que deberían ser producidos los alimentos, qué debería cultivarse localmente y qué debería ser importado. En la última década, el reclamo de soberanía alimentaria y la oposición a las patentes de semillas ha sido un elemento central de la lucha de los pequeños agricultores de todo el mundo. Al alterar sustancialmente el régimen de DPI, los Estados Unidos han asegurado que el sistema agrícola iraquí permanecerá bajo el régimen de "ocupación" de Irak.

Irak tiene el potencial de autoabastecerse de alimentos. Pero en lugar de desarrollar esta capacidad, los Estados Unidos han moldeado el futuro de los alimentos y la agricultura de Irak de manera que sirva a los intereses de las empresas estadounidenses. El nuevo régimen de DPI no toma en consideración las contribuciones que los agricultores iraquíes hicieron al desarrollo de importantes cultivos como el trigo, la cebada, los dátiles y las leguminosas. En la década de 1970 comenzaron a guardarse muestras de esas variedades en el banco nacional de genes de Abu Ghraib, fuera de Bagdad. Se teme que se haya perdido todo en los largos años de conflicto. Sin embargo, el centro del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por su sigla en inglés) con sede en Siria -el Centro Internacional para la Investigación Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA, en inglés)-, todavía tiene muestras de numerosas variedades iraquíes. Esas colecciones, que son prueba del conocimiento de los agricultores iraquíes, supuestamente son guardadas en fideicomiso por el centro. Constituyen el patrimonio agrícola de Irak, que pertenece a los agricultores iraquíes, y esas colecciones deberían ahora ser repatriadas. Ha habido situaciones en que el germoplasma en manos de un centro internacional de investigación agrícola se ha "filtrado" para su investigación y desarrollo por científicos del Norte. Ese tipo de "biopiratería" es fomentado por un régimen de DPI que ignora el arte previo del agricultor y concede derechos a un mejorador que aduce haber creado alguno nuevo a partir del material y el conocimiento del agricultor.

Mientras para el pueblo iraquí la soberanía política sigue siendo una ilusión, con estas nuevas reglamentaciones la soberanía alimentaria se ha vuelto casi imposible. La libertad y soberanía de Irak continuarán estando en tela de juicio en la medida que los iraquíes no tienen control sobre lo que plantan, crecen, cosechan y comen.

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